España como país plural y diverso.

El Reino de España dejó hace siglos de ser un Reino de Taifas anárquico: es un espacio público compartido, un país plural y diverso, en el que existen distintas lenguas, retroalimentándose entre sí - castellano, catalán, euskera, gallego. Su configuración política está potentemente descentralizada: Comunidades Autónomas, con sus gobiernos y parlamentos, asumen una gran cantidad de competencias entrelazadas, semejantes a las federaciones más descentralizadas como los Länder alemanes.

Visualizamos un horizonte político-social y un bagaje histórico con más de 500 años en su perfil actual; una de las naciones más antiguas del globo, dotada de una Constitución moderna, la de 1978, pactada entre las más diversas fuerzas políticas y ratificada por la mayoría de sus votantes. Como oportunamente apunta Felipe González, expresidente del Gobierno de España, “la normativa que regula el autogobierno está basamentada en los Estatutos de Autonomía, desarrollados en el marco de la Constitución Española que garantiza la soberanía de todos los ciudadanos españoles, su igualdad de derechos y obligaciones, al tiempo que reconoce la diversidad de los pueblos de España”.

Avanzar hasta este punto ha sido sumamente complejo, dentro del proceso transitorio, a partir de un periodo histórico en el que España trataba de superar conflictos históricos lastrantes, cuya última etapa fue la salida democrática de una larga dictadura y un episodio necio, amenazador aunque fallido, perpetrado contra el Estado de la Democracia, mediante el golpe de Estado de 1981 (23F) - liderado por el Teniente Coronel Antonio Tejero. Ahora bien, a principios de los 80 España viene evolucionando en un marco de pacto constitucional y contextualizado en su tejido democrático, a lo largo de un periodo extenso de convivencia en libertad, de modernización y desarrollo político, económico y social brillante y europeísta.

Sin embargo, contra esta realidad se alza una vorágine castrante, alimentada por un movimiento secesionista en Cataluña, que trata de abolir la Constitución y el Estatuto de Autonomías, destruyendo la legalidad vigente y la legitimidad del propio Gobierno de Cataluña, junto a los grupos parlamentarios que lo siguen de manera maquinal, impulsivos y acotados en su propio 'branding de esteladas’ y una aventura de ‘guerrilla republicana’, convulsiva y anquilosada en el pasado que ellos mismos critican combativos.

Resulta irónico comprobar que el proceso golpista en Venezuela con su Asamblea Nacional Constituyente, liderado por el Presidente Nicolás Maduro corre paralelo al desafío independentista forzado de un supuesto referéndum de secesión -previsto para este próximo domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional- y aliñado con una ley de transitoriedad hacia una crisis de la gobernanza con consecuencias previsibles y de difícil ‘vuelta atrás’. Una ruptura ilegal de cada pieza del ordenamiento jurídico democrático, llevada adelante con apisonadoras políticas y tractores físicos; sin respeto alguno a las normas que garantizarían legitimidad a los responsables políticos que lo fuerzan e imponen al conjunto de la sociedad catalana y al de todos los españoles.

Desmontando los fundamentos del referéndum catalán con un manifiesto basado en el Derecho Internacional.

Como nos recuerda un equipo de 400 de los aproximadamente 550 catedráticos de Derecho Internacional de toda España (entre ellos, más de 50 son catalanes) en un manifiesto que desmonta los ’errores’ de fundamentación jurídica del referéndum de autodeterminación de Cataluña, “según la doctrina de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional sobre el derecho de autodeterminación, la posibilidad de independizarse solo se reconoce en el caso de los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras”.

“A la luz de la práctica internacional no puede excluirse un derecho de separación del Estado a comunidades territoriales cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales y sus agentes periféricos, o cuyos miembros son objeto de discriminación grave y sistemática en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de forma que se produzcan violaciones generalizadas de los derechos humanos fundamentales de los individuos y de los pueblos”, detalla el manifiesto.

Cierto es que dentro del escenario institucional de España todas las ideas pueden ser expresadas y defendidas con libertad y respeto recíproco y mutuo. Con lo cual, ningún orden público puede objetar que haya ciudadanos que defiendan la independencia de un territorio o que, en sentido extremo, quieran acabar con la descentralización política y el Estado de las Autonomías. No obstante, en este nuevo entorno obtuso, difuso, confuso, revolucionario… se impone el erosionar la soberanía de todos los españoles para decidir su futuro, sustituyéndola por unas nuevas leyes exclusivas para el espacio territorial de Cataluña y excluyentes del resto del perímetro nacional, ejerciendo un supuesto derecho de autodeterminación que vulnera la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, tanto en la forma en que lo propone como en el fondo en el que se intenta cimentar.

Consecuencias nefastas: entre otras, salida automática de la Unión Europea.

Asistimos a una paradoja de película futurista madmaxiana con final funesto, que no parece alarmarnos en grado suficiente a la sociedad española, al sufrir esta crisis de gobernanza de la democracia representativa nuestro propio país. Presenciamos, a la vez, la emergencia de voces de nacionalismos de distinta índole en varios Estados de la UE que llevaron a Europa entera a las catástrofes de la primera mitad del siglo 20. Por ello, en palabras de González, “escuchamos que la democracia está por encima de la ley, no garantizada por la ley”.

En vísperas de este Referéndum critico y radicalizado, evaluando las reglas de funcionamiento de gobernanza paneuropea, España -como cualquier democracia del mundo- se constituye en un Estado de Derecho, que cuenta con unos instrumentos y leyes para cumplirlas y hacerlas cumplir. Por tanto, es viable defender un cambio constitucional y estatutario, siempre siguiendo los procedimientos establecidos para ejecutarlo. Siendo un error crónico y nada táctico, tratar de inyectarlo en las neuronas de cada ciudadano con un perfil receptivo de la sociedad catalana, desconociendo y violentando las normas hasta llegar a un Coup d'état virtual del Gobierno Central.

Como una de las consecuencias de esta acción belicosa, las autoridades catalanas han ensayado reiteradamente el hacernos creer que una eventual secesión de Cataluña no implicaría una salida automática de ese territorio de la Unión Europea. Ante esto, recordemos que “la Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados”. Además, el Derecho de la Unión exige que los Estados respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado en Bruselas el pasado 14.09.2017 que, sobre el desafío independentista catalán, el Ejecutivo comunitario se atendrá a lo que digan las Cortes españolas y el Tribunal Constitucional. "Yo sigo la línea de la Comisión Prodi y Barroso. La Comisión Europea siempre ha pensado que debemos escuchar atentamente lo que dicen el Tribunal Constitucional y las Cortes españolas. Me reafirmo en esa posición", ha dicho en una entrevista con los medios europeos más representativos.

Finalmente, dado que no existe soporte legal y/o racional alguno para lo que fomentan las autoridades de Cataluña: ni en el ordenamiento jurídico interno; ni en el de la Unión Europea; ni en el derecho internacional, antes de que se genere una fractura democrática en el engranaje geopolítico español y una expulsión de Cataluña de la Unión Europea, es oportuno rememorar el grito desolador de Miguel de Unamuno, un maestro de las letras español al declarar “Me duele España” y recordar a los defensores del 1-0 que se hace prioritario recuperar la coherencia legal y sanidad mental con talento político para respetar y hacer respetar la ley contra la secesión insidiosa, que tendrá efectos inmediatos de carácter extraordinariamente negativo para Cataluña, en particular, y España, en su conjunto.

Autor: Christopher Oscar de Andrés.

The current scenario.

More than 5,000 lives lost. A vast and unfolding humanitarian crisis. The downing of a civilian airliner that shocked the world. A failed ceasefire. And shades of an East-West proxy war.

It's hard to imagine -- but true -- that the raging conflict between Ukraine and Russia, or at least Ukraine and pro-Russian rebels, all started with a humble trade agreement.

As tensions run high more than a year later and Europe now tries to broker a new peace deal between Moscow and Kiev, it's time to look back on how we got here, and where things are headed.

Europe is now trying to broker a peace between Ukraine and Russia. German Chancellor Angela Merkel and French President Francois Hollande met privately with Putin on Friday. A Putin spokesman called the meeting "a positive step in settlement of the Ukrainian crisis." Merkel is pushing a peace plan said to be in line with what Russia and Ukraine had earlier agreed to last September in Minsk, Belarus.

But that agreement was shattered by continuing fighting. The exact details of the new peace proposal remained unclear in the wake of the meeting between the two European leaders and Putin. Under the prior agreement reached in Minsk, Ukrainian leaders and pro-Russian rebels had agreed to a complete ceasefire and a creation of a 30-kilometer buffer zone. They also agreed to remove heavy weaponry from the front lines of the conflict. Since then, however, fighting by both sides continued, and now pro-Russian rebels hold significantly more territory, analysts say.

One big question in the latest peace discussion is what would be the starting point for separatist strongholds: the land under rebel control in September and the territory held now, said analyst Michael Kofman of the Wilson Center. The rebels now control about 40% of the territory each of the Donetsk and Luhansk regions and about half of the population in both, Kofman said. The region's value lies in its coal. It's like the West Virginia of the Ukraine, and now Kiev must buy its winter coal back from the rebels.

In the meantime, two key events are expected to unfold in the coming week. Merkel will visit with Obama on Monday, when the two leaders are scheduled to talk about Ukraine and Russia, as well as other matters. At the same time, Obama must decide whether to use diplomacy or weapons to resolve the Ukraine crisis. Kiev is seeking U.S. weapons for the ground war with the separatist, and the White House has acknowledged it's considering sending "lethal" weapons, including anti-tank and anti-mortar systems, to the out-muscled Urkainian infantry.

The Ukraine military is essentially looking for "everything" it can get its hand on, short of planes, for a ground war: anti-tank guided missiles, armored vehicles, reconnaissance drones, counter-battery radars, secure communications equipment, and heavy weapons, Kofman said.

The delivery of Western weapons could escalate the warfare, especially if Russia begins using its air force in support of the rebels, experts say. Kiev asserts the Russian army is fighting beside the rebels. Putin denies that claim and calls the Ukrainian army "a NATO legion." Merkel opposes weapons for Ukraine, and next week's meeting with Obama is expected to yield an announcement by both countries on how to reach a peace deal, analysts say. Obama will also be pressed to make a decision on whether to send U.S. arms to Kiev. "This is a moment in time that kind of decides in some respects Ukraine's fate," Kofman said.

Meanwhile, the carnage grows disturbingly, according to the United Nations. The death toll exceeded 5,358 people as of February 3, and 12,235 more people have been wounded since last April, the UN Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein said. The three weeks prior to February 1 has been particularly brutal: at least 224 civilians were killed and 545 more wounded, the U.N. said. "Any further escalation will prove catastrophic for the 5.2 million people living in the midst of conflict in eastern Ukraine," the U.N. said.

What will it take to end this?

Ukraine is a linchpin of Putin's plans for Russia, whether it's reassembling a historical empire or shoring up the Russian economy, Conley says. So whatever happens must support that. Kaplan says Putin can't pull back without gaining assurances that Ukraine will never become part of NATO. Ukraine, he said, needs assurances about its sovereignty and energy security.

Another analyst imagined three possible outcomes: A slow-simmering war that lasts for many years. A ceasefire that doesn't entirely satisfy Moscow and Kiev but essentially creates a frozen conflict for a long time. Or a political settlement where Russia withdraws forces from Ukraine and Kiev recognizes the separatists, Kofman said. "That is the best likely outcome but most difficult to achieve politically," Kofman said of the last scenario.