Hace algunas semanas las plataforma de 'e-mobility' se movían en 3.000 descargas diarias, mientras que durante esta semana comprobamos que sus cifras han crecido hasta las 12.000 descargas por jornada. De este modo, mientras que cada día de huelga supone 170 eur de pérdidas para los taxistas de la capital, los números de los VTC continúan creciendo. Como era de esperar, la ciudadanía española responde a la huega de los taxistas que tiene urbes españolas, como Madrid y Barcelona, sumidas en un caos innecesario y rozando lo kafkiano.

El siguiente gráfico, elaborado con Google Trends, muestra que, en el marco de la huelga de taxistas que están viviendo Madrid y Barcelona, la popularidad de Uber y Cabify en el motor de búsqueda de referencia se dispara de forma súbita, facilitando la adopción de ambas plataformas hacia un target de cliente potencial de opciones alternativas al taxi clásico, dentro del nuevo escenario de la movilidad urbana.

En esta batalla de partes aparentemente irreconciliables, los taxistas, se proyectan en un extremo opuesto a las plataformas online del 'e-mobility'. Es de entender que los taxistas reivindiquen mantener sus condiciones para proteger su futuro empresarial. No obstante, también resulta muy razonable que los conductores y propietarios de las licencias VTC -utilizadas por plataformas como Uber o Cabify para operar en España-, necesiten seguir desarrollando su actividad en ciudades como Madrid y Barcelona. El taxi parece anquilosado en un paradigma de antaño y es esencial avanzar hacia un futuro más flexible y con opciones de movilidad alternativas; que no impliquen fragmentar el mercado, sino mejorar la competitividad y calidad del servicio. (1)

Más aún, lo cierto es que entre ambas partes existe un vínculo más frecuente de lo que nos hacen creer. Esto es lo que admiten fuentes del sector, mencionando la 'ambigüedad' para referirse a los empresarios que sincronizan la explotación de licencias de taxis y concesiones VTC.

"Es muy habitual que empresarios y cooperativas de taxis hagan también negocio con las VTC", aseguran. De hecho, "el 90% de las licencias VTC las solicitaron en su día profesionales relacionados con el taxi para después vender muchas de ellas a un precio muy superior al de la concesión", añaden.

Analizando el escenario con un criterio pluralista, comprobamos que muchos de esos taxistas se deshicieron de las VTC a cambio de un elevado rendimiento económico y continuaron con su actividad en el servicio público. Sucedió especialmente a partir de 2014, cuando Uber implementó su primera fase de expansión en España.

A continuación, se listan algunos ejemplos de casos en el sector de la movilidad urbana en los cuales la especulación en la compra-venta de licencias ha generado prósperos beneficios:

Servitaxi: cooperativa que se hizo con unas 60 licencias VTC a un precio de 36 eur/ud. y acabó vendiéndolas por una cantidad entre 15.000 y 45.000 eur/ud. La diferencia supone multiplicar por más de 400 la inversión inicial.

Star Taxi Mercedes: opta por mantener las licencias y aprovechar los beneficios de ambas actividades. La compañía apostó hace años por un modelo de convivencia entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor, cuyo requisito común es que el coche sea de marca Mercedes.

Auro New Transport: su propietario, el empresario José Antonio Parrondo, ocupó entre 2007-2009 la presidencia de la Asociación Gremial del taxi de Madrid y años después se ha convertido en uno de los nombres con intención de monopolizar el negocio de las VTC en España. Actualmente suma unas 3.000 licencias de este tipo -2.500 de las cuales se concentran en Madrid y Barcelona, al tiempo que opera con taxis en ambas ciudades. Parrondo es también socio de otra de las sociedades que controlan el negocio de los vehículos de alquiler con conductor, Airtaxi, que cuenta con 1.400 licencias.

Completan este grupo Vector Ronda (en la cual Rosauro Varo es el principal accionista), con unas 2.500 licencias y Moove Cars, propiedad del fondo de inversión norteamericano King Street y dueño de más de 5.000 concesiones VTC que se mueven por todo el país.

Lo que parece una respuesta razonable, propuesta por miles de usuarios de taxis y VTC en los últimos días, para canalizar la solución del conflicto es ceder la gestión de las licencias a la competencia municipal. Los ayuntamientos ofrecerían una cantidad específica de licencias nominales e intransferibles, con un coste anual de 3.000 euros por su uso unitario, tanto para taxi como VTC. Una vez que un conductor cesara su actividad, la licencia caducaría automáticamente y regresaría al propio ayuntamiento. La entidad pública la volvería a ofrecer con un requisito de examinar al/a la candidato/a por áreas clave (conducción, conocimiento de la urbe, estado del vehículo, etc.), facilitando la tenencia de un máximo de dos conductores asociados a una única licencia. Todas las carreras fiscalizadas al momento; a diferencia de la actualidad, por tramos a elección del conductor.

En el siglo 21 actual nos encontramos en un marco de mercado donde prima la libre competencia. De este modo, se evitarían las tasas abusivas y difíciles de amortizar de 130.000 eur por la licencia. Además, en un tramo de tiempo optimizado se desarrollarían requisitos alineados a servicios diferenciados, mientras que la ciudadanía y los usuarios deciden qué servicio le resulta más competitivo.

(1) Ver el art. de El Mundo de fecha 24.01.2019, detallando cómo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha entrado de lleno en el conflicto de los taxistas con un informe devastador en el que carga contra el real decreto ley diseñado por el Ministerio de Fomento para frenar el desarrollo de los vehículos VTC.

La Alianza Atlántica, a la que España se sumó en 1982, ha mantenido una posición firme de apoyo al Gobierno de D. Mariano Rajoy y sus aliados en la oposición durante esta crisis, dentro de su protocolo de abstenerse de asuntos políticos nacionales. El 27.10.2017, un representante de la organización militar compartió con las agencias informativas: “España es un aliado comprometido, que efectúa contribuciones importantes a nuestra seguridad común. El asunto catalán es interno y debe resolverse dentro del orden constitucional español”.

El Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas (CECE) de la Alianza Atlántica ha detectado un viraje hacia asuntos relacionados con la independencia catalana generado por una diversidad de motores online con origen en varios miles de cuentas automatizadas en redes sociales que, normalmente, han centrado su actividad en desinformación sobre conflictos en los que el Kremlin tiene participación directa, más recientemente Ucrania o Siria. Y alerta de que países de la UE, como España, se encuentran desprotegidos ante esa amenaza.

Por información facilitada por D. Janis Sarts, Director de este Centro, el objetivo principal de dichas redes rusas es potenciar las brechas dentro del seno de la UE y debilitar tanto a la UE como a OTAN, organizaciones ambas de las que España forma parte. “La razón básica de esta actividad, en realidad, es crear confusión y agravar los problemas existentes, no lograr un resultado que favorezca a unos o a otros”, asegura en una entrevista muy reciente. “Creo que consiste cada vez más en crear el caos. En eso son mucho mejores que en conseguir un determinado resultado; en crear caos y situaciones problemáticas que los países suelen sufrir”.

El CECE es una organización militar internacional cuya función es informar y capacitar a funcionarios y especialistas de la OTAN y sus países socios. Principalmente facilita a la Alianza y a los Gobiernos que lo financian (1) informes detallados sobre la desinformación procedente de Rusia y otros países cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los de EEUU y sus aliados europeos. Los hallazgos previos de ese centro han servido para poner a la OTAN en guardia ante la amenaza cibernética procedente de Rusia y su compleja maquinaria de propaganda geopolítica. Si el Centro dispusiera de apoyo de España, apuntan sus dirigentes, podría dedicar recursos a analizar e interceptar mensajes en español, catalán o cualquiera de las otras lenguas oficiales de España.

Por ejemplo, según un informe del Centro de Excelencia con fecha 31.08.2017, entre el 1 de marzo y esta última fecha se generaron 32.000 mensajes de 11.600 usuarios con menciones a la OTAN y a alguna de las repúblicas bálticas o Polonia. Las cuentas en ruso fueron las más activas en la publicación de esos mensajes sobre la Alianza y, según los analistas del CECE, un 70% de ellas estaban automatizadas. Un 84% de los mensajes en ruso procedían de cuentas falsas y/o activadas de forma remota, lo que convencionalmente se conoce como bots. Desde septiembre de 2017, esas mismas redes han compartido mensajes sobre Cataluña, algo que reflejarán los próximos informes del Centro de Excelencia.

Para Sarts, el difundir y viralizar contenido en ruso sobre crisis extranjeras forma parte también de la estrategia de las redes afines al Kremlin. “La mayor parte de la actividad propagandística rusa tiene un target dentro de la Región de Rusia. Una de las prácticas habituales es customizar esos conflictos foráneos para una audiencia rusa, con el mensaje de que Occidente es hipócrita, que en todos los países los Gobiernos actúan de forma similar. Hay que recordar que nosotros somos el público o un/os objetivo/s secundario/s. El principal target está en Rusia y la estrategia imperativa es legitimar a la actual élite del Kremlin para reforzar su poder”, asegura.

Limitaciones tecnológicas para combatir las redes de desinformación.

Los medios estatales rusos han manipulado la OTAN como institución para dirigir diversos ataques a España en la gestión de la crisis independentista catalana, con su habitual cóctel de exageraciones y verdades a medias tintas. Un titular del portal RT en inglés, el pasado 4 de octubre de 2017, atribuía una frase irracional como “¿Por qué no está bombardeando la OTAN Madrid durante 78 días?” al ex- diplomático británico D. William Mallinson, quien percibe similitudes entre el escenario catalán y el kosovar, comentario sintonizado con unas declaraciones recientes de D. Vladímir Putin, Presidente ruso.

La publicación de esas noticias y otras como la de que 12 países apoyaban el nacimiento de un nuevo ‘Estado catalán’, son, según los análisis del Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, el primer paso en el proceso de injerencia de las redes prorrusas. Una vez se publican en medios financiados por el Kremlin, como RT o Sputnik, se activa una la segunda fase denominada ‘falsa amplificación’. De forma paralela, comparten las noticias falsas perfiles existentes con dudosa credibilidad en redes sociales (bots) que se activan vía satélite de costoso seguimiento online. Los analistas, tanto de ese centro de la OTAN como del East Stratcom Task Force de la Unión Europea, consideran que entre un 70% y un 80% de la viralización de esos contenidos es resultado de la interacción de esas cuentas automatizadas.

El conflicto para combatir estas redes de desinformación, según un informe de la OTAN publicado en el mes en curso, consiste en que la plataforma masiva a nivel mundial es Facebook y muchas de sus interacciones tienen un perfil privado. ‘Los investigadores sólo pueden seguir la punta del iceberg, es decir, páginas y grupos de usuarios públicos’, apunta el informe. Además, la esfera rusa en Internet está dominada por plataformas autóctonas como VK, Odnoklassniki o MoiMir; sumando 180 millones de usuarios registrados. Según Sarts, son redes que se alquilan: “Tras este telón viral, encontramos lo que podríamos describir como actores relacionados con Estados que controlan algunos de esas redes bots con 1.000 o 10.000 cuentas por plataforma”, afirma.

(1) Entre los países que lo financian se encuentran Letonia, Estonia, Lituania, Alemania, Italia, Polonia, Holanda, Reino Unido, Finlandia, Suecia y Francia.