Hace algunas semanas las plataforma de 'e-mobility' se movían en 3.000 descargas diarias, mientras que durante esta semana comprobamos que sus cifras han crecido hasta las 12.000 descargas por jornada. De este modo, mientras que cada día de huelga supone 170 eur de pérdidas para los taxistas de la capital, los números de los VTC continúan creciendo. Como era de esperar, la ciudadanía española responde a la huega de los taxistas que tiene urbes españolas, como Madrid y Barcelona, sumidas en un caos innecesario y rozando lo kafkiano.

El siguiente gráfico, elaborado con Google Trends, muestra que, en el marco de la huelga de taxistas que están viviendo Madrid y Barcelona, la popularidad de Uber y Cabify en el motor de búsqueda de referencia se dispara de forma súbita, facilitando la adopción de ambas plataformas hacia un target de cliente potencial de opciones alternativas al taxi clásico, dentro del nuevo escenario de la movilidad urbana.

En esta batalla de partes aparentemente irreconciliables, los taxistas, se proyectan en un extremo opuesto a las plataformas online del 'e-mobility'. Es de entender que los taxistas reivindiquen mantener sus condiciones para proteger su futuro empresarial. No obstante, también resulta muy razonable que los conductores y propietarios de las licencias VTC -utilizadas por plataformas como Uber o Cabify para operar en España-, necesiten seguir desarrollando su actividad en ciudades como Madrid y Barcelona. El taxi parece anquilosado en un paradigma de antaño y es esencial avanzar hacia un futuro más flexible y con opciones de movilidad alternativas; que no impliquen fragmentar el mercado, sino mejorar la competitividad y calidad del servicio. (1)

Más aún, lo cierto es que entre ambas partes existe un vínculo más frecuente de lo que nos hacen creer. Esto es lo que admiten fuentes del sector, mencionando la 'ambigüedad' para referirse a los empresarios que sincronizan la explotación de licencias de taxis y concesiones VTC.

"Es muy habitual que empresarios y cooperativas de taxis hagan también negocio con las VTC", aseguran. De hecho, "el 90% de las licencias VTC las solicitaron en su día profesionales relacionados con el taxi para después vender muchas de ellas a un precio muy superior al de la concesión", añaden.

Analizando el escenario con un criterio pluralista, comprobamos que muchos de esos taxistas se deshicieron de las VTC a cambio de un elevado rendimiento económico y continuaron con su actividad en el servicio público. Sucedió especialmente a partir de 2014, cuando Uber implementó su primera fase de expansión en España.

A continuación, se listan algunos ejemplos de casos en el sector de la movilidad urbana en los cuales la especulación en la compra-venta de licencias ha generado prósperos beneficios:

Servitaxi: cooperativa que se hizo con unas 60 licencias VTC a un precio de 36 eur/ud. y acabó vendiéndolas por una cantidad entre 15.000 y 45.000 eur/ud. La diferencia supone multiplicar por más de 400 la inversión inicial.

Star Taxi Mercedes: opta por mantener las licencias y aprovechar los beneficios de ambas actividades. La compañía apostó hace años por un modelo de convivencia entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor, cuyo requisito común es que el coche sea de marca Mercedes.

Auro New Transport: su propietario, el empresario José Antonio Parrondo, ocupó entre 2007-2009 la presidencia de la Asociación Gremial del taxi de Madrid y años después se ha convertido en uno de los nombres con intención de monopolizar el negocio de las VTC en España. Actualmente suma unas 3.000 licencias de este tipo -2.500 de las cuales se concentran en Madrid y Barcelona, al tiempo que opera con taxis en ambas ciudades. Parrondo es también socio de otra de las sociedades que controlan el negocio de los vehículos de alquiler con conductor, Airtaxi, que cuenta con 1.400 licencias.

Completan este grupo Vector Ronda (en la cual Rosauro Varo es el principal accionista), con unas 2.500 licencias y Moove Cars, propiedad del fondo de inversión norteamericano King Street y dueño de más de 5.000 concesiones VTC que se mueven por todo el país.

Lo que parece una respuesta razonable, propuesta por miles de usuarios de taxis y VTC en los últimos días, para canalizar la solución del conflicto es ceder la gestión de las licencias a la competencia municipal. Los ayuntamientos ofrecerían una cantidad específica de licencias nominales e intransferibles, con un coste anual de 3.000 euros por su uso unitario, tanto para taxi como VTC. Una vez que un conductor cesara su actividad, la licencia caducaría automáticamente y regresaría al propio ayuntamiento. La entidad pública la volvería a ofrecer con un requisito de examinar al/a la candidato/a por áreas clave (conducción, conocimiento de la urbe, estado del vehículo, etc.), facilitando la tenencia de un máximo de dos conductores asociados a una única licencia. Todas las carreras fiscalizadas al momento; a diferencia de la actualidad, por tramos a elección del conductor.

En el siglo 21 actual nos encontramos en un marco de mercado donde prima la libre competencia. De este modo, se evitarían las tasas abusivas y difíciles de amortizar de 130.000 eur por la licencia. Además, en un tramo de tiempo optimizado se desarrollarían requisitos alineados a servicios diferenciados, mientras que la ciudadanía y los usuarios deciden qué servicio le resulta más competitivo.

(1) Ver el art. de El Mundo de fecha 24.01.2019, detallando cómo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha entrado de lleno en el conflicto de los taxistas con un informe devastador en el que carga contra el real decreto ley diseñado por el Ministerio de Fomento para frenar el desarrollo de los vehículos VTC.

La Policía Nacional de Colombia informó que al menos 21 personas murieron y 68 resultaron heridas por el atentado en la escuela de cadetes de policía General Santander de la Policía, en el sur de Bogotá, la capital.

Este jueves 17.01.2019 a las 9:30 am un coche bomba explotó en la escuela de cadetes. La Policía Nacional informó en un comunicado identificaron al conductor del auto como José Aldemar Rojas Rodríguez y aseguran que es el autor material. Entretanto, Colombia denuncia un plan de atentado contra su presidente y detiene a tres ciudadanos venezolanos.

Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, Rodríguez conducía un todoterreno con 80 kilos de explosivos elaborados con pentonita. Los registros indican que la última revisión mecánica del vehículo fue en julio de 2018 en la ciudad de Arauca, fronteriza con el estado Apure, en el sur de Venezuela.

El Presidente de Colombia, Iván Duque, calificó el hecho como un "demencial acto terrorista" y aseguró que la investigación continuará hasta dar con los actores intelectuales. En paralelo, el partido político FARC, a través de un comunicado y en entrevista de Rodrigo Londoño con medios internacionales, expresó su solidaridad con las víctimas y familiares.

El Presidente Duque decretó tres días de duelo nacional: "Hemos declarado tres días de duelo nacional. He solicitado dar prioridad a todas las investigaciones", dijo en un documento oficial en la noche del jueves.

“Estamos preparados para defender a nuestro país. Vamos a seguir actuando contra los grupos armados que operan en nuestro país. Profundizaremos los sistemas de recompensas para capturar a los cabecillas”.

Según informaciones preliminares, el perro antiexplosivos que examina los vehículos detectó algo sospechoso, momento en que el asesino aceleró y arrolló a un agente para ingresar de manera violenta a las instalaciones. Aunque tres guardias corrieron tras él y alguno disparó contra el todoterreno, siempre conforme a declaraciones de testigos a medios locales, pudo recorrer unos trescientos metros hasta estrellarse contra el alojamiento de las mujeres, situado frente al comedor de los cadetes. En ese momento explotó la bomba, generando un gran impacto.

"Nuestros explosivistas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo (una camioneta gris Nissan Patrol del año 1993) estaba cargado de 80 kilos de pentonita", explicó Martínez. Se trata de un poderoso explosivo.

Cabe recordar que desde que las FARC y el gobierno anterior firmaron el acuerdo de paz, ha sido el ELN el que ha tomado el relevo del terrorismo. Hace un año, el 27 de enero de 2018, esta banda armada hizo explotar un paquete bomba en una estación de Policía de Barraquilla, en el norte del país. Murieron 5 policías y 15 resultaron heridos en un atentado que generó gran conmoción porque la capital del departamento del Atlántico no solía ser objetivo de los terroristas.

Aquél acto provocó que el entonces Presidente, Juan Manuel Santos, suspendiera las conversaciones que sostenían en Quito, Ecuador, con el ELN para buscar una salida política similar a la lograda con las FARC. Fueron también organizaciones criminales vinculadas al ELN en Bogotá, las autoras de la muerte de una turista francesa por una carga explosiva situada en el baño del Centro Comercial El Andino, en junio de 2017. Cuatro meses antes, asesinaron a un agente y quedaron heridos 40 personas con otra bomba situada en una alcantarilla, junto a la plaza de toros, en una tarde de corrida.

El fiscal ha añadido que "aún no se ha determinado quienes fueron los autores intelectuales de este acto terrorista", aunque resulta patente que se hace prioritario impulsar el proceso de paz hasta encontrar soluciones duraderas y viables.