Una mujer envuelta en una estelada en Barcelona el 24.09.2017. Fuente: Susana Vera, Reuters.
España como país plural y diverso.
El Reino de España dejó hace siglos de ser un Reino de Taifas anárquico: es un espacio público compartido, un país plural y diverso, en el que existen distintas lenguas, retroalimentándose entre sí - castellano, catalán, euskera, gallego. Su configuración política está potentemente descentralizada: Comunidades Autónomas, con sus gobiernos y parlamentos, asumen una gran cantidad de competencias entrelazadas, semejantes a las federaciones más descentralizadas como los Länder alemanes.
Visualizamos un horizonte político-social y un bagaje histórico con más de 500 años en su perfil actual; una de las naciones más antiguas del globo, dotada de una Constitución moderna, la de 1978, pactada entre las más diversas fuerzas políticas y ratificada por la mayoría de sus votantes. Como oportunamente apunta Felipe González, expresidente del Gobierno de España, “la normativa que regula el autogobierno está basamentada en los Estatutos de Autonomía, desarrollados en el marco de la Constitución Española que garantiza la soberanía de todos los ciudadanos españoles, su igualdad de derechos y obligaciones, al tiempo que reconoce la diversidad de los pueblos de España”.
Avanzar hasta este punto ha sido sumamente complejo, dentro del proceso transitorio, a partir de un periodo histórico en el que España trataba de superar conflictos históricos lastrantes, cuya última etapa fue la salida democrática de una larga dictadura y un episodio necio, amenazador aunque fallido, perpetrado contra el Estado de la Democracia, mediante el golpe de Estado de 1981 (23F) - liderado por el Teniente Coronel Antonio Tejero. Ahora bien, a principios de los 80 España viene evolucionando en un marco de pacto constitucional y contextualizado en su tejido democrático, a lo largo de un periodo extenso de convivencia en libertad, de modernización y desarrollo político, económico y social brillante y europeísta.
Sin embargo, contra esta realidad se alza una vorágine castrante, alimentada por un movimiento secesionista en Cataluña, que trata de abolir la Constitución y el Estatuto de Autonomías, destruyendo la legalidad vigente y la legitimidad del propio Gobierno de Cataluña, junto a los grupos parlamentarios que lo siguen de manera maquinal, impulsivos y acotados en su propio 'branding de esteladas’ y una aventura de ‘guerrilla republicana’, convulsiva y anquilosada en el pasado que ellos mismos critican combativos.
Resulta irónico comprobar que el proceso golpista en Venezuela con su Asamblea Nacional Constituyente, liderado por el Presidente Nicolás Maduro corre paralelo al desafío independentista forzado de un supuesto referéndum de secesión -previsto para este próximo domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional- y aliñado con una ley de transitoriedad hacia una crisis de la gobernanza con consecuencias previsibles y de difícil ‘vuelta atrás’. Una ruptura ilegal de cada pieza del ordenamiento jurídico democrático, llevada adelante con apisonadoras políticas y tractores físicos; sin respeto alguno a las normas que garantizarían legitimidad a los responsables políticos que lo fuerzan e imponen al conjunto de la sociedad catalana y al de todos los españoles.
El Reino de España dejó hace siglos de ser un Reino de Taifas anárquico: es un espacio público compartido, un país plural y diverso, en el que existen distintas lenguas, retroalimentándose entre sí - castellano, catalán, euskera, gallego. Su configuración política está potentemente descentralizada: Comunidades Autónomas, con sus gobiernos y parlamentos, asumen una gran cantidad de competencias entrelazadas, semejantes a las federaciones más descentralizadas como los Länder alemanes.
Visualizamos un horizonte político-social y un bagaje histórico con más de 500 años en su perfil actual; una de las naciones más antiguas del globo, dotada de una Constitución moderna, la de 1978, pactada entre las más diversas fuerzas políticas y ratificada por la mayoría de sus votantes. Como oportunamente apunta Felipe González, expresidente del Gobierno de España, “la normativa que regula el autogobierno está basamentada en los Estatutos de Autonomía, desarrollados en el marco de la Constitución Española que garantiza la soberanía de todos los ciudadanos españoles, su igualdad de derechos y obligaciones, al tiempo que reconoce la diversidad de los pueblos de España”.
Avanzar hasta este punto ha sido sumamente complejo, dentro del proceso transitorio, a partir de un periodo histórico en el que España trataba de superar conflictos históricos lastrantes, cuya última etapa fue la salida democrática de una larga dictadura y un episodio necio, amenazador aunque fallido, perpetrado contra el Estado de la Democracia, mediante el golpe de Estado de 1981 (23F) - liderado por el Teniente Coronel Antonio Tejero. Ahora bien, a principios de los 80 España viene evolucionando en un marco de pacto constitucional y contextualizado en su tejido democrático, a lo largo de un periodo extenso de convivencia en libertad, de modernización y desarrollo político, económico y social brillante y europeísta.
Sin embargo, contra esta realidad se alza una vorágine castrante, alimentada por un movimiento secesionista en Cataluña, que trata de abolir la Constitución y el Estatuto de Autonomías, destruyendo la legalidad vigente y la legitimidad del propio Gobierno de Cataluña, junto a los grupos parlamentarios que lo siguen de manera maquinal, impulsivos y acotados en su propio 'branding de esteladas’ y una aventura de ‘guerrilla republicana’, convulsiva y anquilosada en el pasado que ellos mismos critican combativos.
Resulta irónico comprobar que el proceso golpista en Venezuela con su Asamblea Nacional Constituyente, liderado por el Presidente Nicolás Maduro corre paralelo al desafío independentista forzado de un supuesto referéndum de secesión -previsto para este próximo domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional- y aliñado con una ley de transitoriedad hacia una crisis de la gobernanza con consecuencias previsibles y de difícil ‘vuelta atrás’. Una ruptura ilegal de cada pieza del ordenamiento jurídico democrático, llevada adelante con apisonadoras políticas y tractores físicos; sin respeto alguno a las normas que garantizarían legitimidad a los responsables políticos que lo fuerzan e imponen al conjunto de la sociedad catalana y al de todos los españoles.
De izquierda a derecha, el Consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; el Vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras y el Consejero de Presidencia, Jordi Turull, junto a una urna del referéndum. Fuente: Carles Ribas, Quality.
Desmontando los fundamentos del referéndum catalán con un manifiesto basado en el Derecho Internacional.
Como nos recuerda un equipo de 400 de los aproximadamente 550 catedráticos de Derecho Internacional de toda España (entre ellos, más de 50 son catalanes) en un manifiesto que desmonta los ’errores’ de fundamentación jurídica del referéndum de autodeterminación de Cataluña, “según la doctrina de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional sobre el derecho de autodeterminación, la posibilidad de independizarse solo se reconoce en el caso de los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras”.
“A la luz de la práctica internacional no puede excluirse un derecho de separación del Estado a comunidades territoriales cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales y sus agentes periféricos, o cuyos miembros son objeto de discriminación grave y sistemática en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de forma que se produzcan violaciones generalizadas de los derechos humanos fundamentales de los individuos y de los pueblos”, detalla el manifiesto.
Cierto es que dentro del escenario institucional de España todas las ideas pueden ser expresadas y defendidas con libertad y respeto recíproco y mutuo. Con lo cual, ningún orden público puede objetar que haya ciudadanos que defiendan la independencia de un territorio o que, en sentido extremo, quieran acabar con la descentralización política y el Estado de las Autonomías. No obstante, en este nuevo entorno obtuso, difuso, confuso, revolucionario… se impone el erosionar la soberanía de todos los españoles para decidir su futuro, sustituyéndola por unas nuevas leyes exclusivas para el espacio territorial de Cataluña y excluyentes del resto del perímetro nacional, ejerciendo un supuesto derecho de autodeterminación que vulnera la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, tanto en la forma en que lo propone como en el fondo en el que se intenta cimentar.
Como nos recuerda un equipo de 400 de los aproximadamente 550 catedráticos de Derecho Internacional de toda España (entre ellos, más de 50 son catalanes) en un manifiesto que desmonta los ’errores’ de fundamentación jurídica del referéndum de autodeterminación de Cataluña, “según la doctrina de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional sobre el derecho de autodeterminación, la posibilidad de independizarse solo se reconoce en el caso de los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras”.
“A la luz de la práctica internacional no puede excluirse un derecho de separación del Estado a comunidades territoriales cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales y sus agentes periféricos, o cuyos miembros son objeto de discriminación grave y sistemática en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de forma que se produzcan violaciones generalizadas de los derechos humanos fundamentales de los individuos y de los pueblos”, detalla el manifiesto.
Cierto es que dentro del escenario institucional de España todas las ideas pueden ser expresadas y defendidas con libertad y respeto recíproco y mutuo. Con lo cual, ningún orden público puede objetar que haya ciudadanos que defiendan la independencia de un territorio o que, en sentido extremo, quieran acabar con la descentralización política y el Estado de las Autonomías. No obstante, en este nuevo entorno obtuso, difuso, confuso, revolucionario… se impone el erosionar la soberanía de todos los españoles para decidir su futuro, sustituyéndola por unas nuevas leyes exclusivas para el espacio territorial de Cataluña y excluyentes del resto del perímetro nacional, ejerciendo un supuesto derecho de autodeterminación que vulnera la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, tanto en la forma en que lo propone como en el fondo en el que se intenta cimentar.
Manifestantes con banderas españolas durante una concentración en Madrid el 29.09.2017. Fuente: Sergio Pérez, Reuters.
Consecuencias nefastas: entre otras, salida automática de la Unión Europea.
Asistimos a una paradoja de película futurista madmaxiana con final funesto, que no parece alarmarnos en grado suficiente a la sociedad española, al sufrir esta crisis de gobernanza de la democracia representativa nuestro propio país. Presenciamos, a la vez, la emergencia de voces de nacionalismos de distinta índole en varios Estados de la UE que llevaron a Europa entera a las catástrofes de la primera mitad del siglo 20. Por ello, en palabras de González, “escuchamos que la democracia está por encima de la ley, no garantizada por la ley”.
En vísperas de este Referéndum critico y radicalizado, evaluando las reglas de funcionamiento de gobernanza paneuropea, España -como cualquier democracia del mundo- se constituye en un Estado de Derecho, que cuenta con unos instrumentos y leyes para cumplirlas y hacerlas cumplir. Por tanto, es viable defender un cambio constitucional y estatutario, siempre siguiendo los procedimientos establecidos para ejecutarlo. Siendo un error crónico y nada táctico, tratar de inyectarlo en las neuronas de cada ciudadano con un perfil receptivo de la sociedad catalana, desconociendo y violentando las normas hasta llegar a un Coup d'état virtual del Gobierno Central.
Como una de las consecuencias de esta acción belicosa, las autoridades catalanas han ensayado reiteradamente el hacernos creer que una eventual secesión de Cataluña no implicaría una salida automática de ese territorio de la Unión Europea. Ante esto, recordemos que “la Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados”. Además, el Derecho de la Unión exige que los Estados respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado en Bruselas el pasado 14.09.2017 que, sobre el desafío independentista catalán, el Ejecutivo comunitario se atendrá a lo que digan las Cortes españolas y el Tribunal Constitucional. "Yo sigo la línea de la Comisión Prodi y Barroso. La Comisión Europea siempre ha pensado que debemos escuchar atentamente lo que dicen el Tribunal Constitucional y las Cortes españolas. Me reafirmo en esa posición", ha dicho en una entrevista con los medios europeos más representativos.
Finalmente, dado que no existe soporte legal y/o racional alguno para lo que fomentan las autoridades de Cataluña: ni en el ordenamiento jurídico interno; ni en el de la Unión Europea; ni en el derecho internacional, antes de que se genere una fractura democrática en el engranaje geopolítico español y una expulsión de Cataluña de la Unión Europea, es oportuno rememorar el grito desolador de Miguel de Unamuno, un maestro de las letras español al declarar “Me duele España” y recordar a los defensores del 1-0 que se hace prioritario recuperar la coherencia legal y sanidad mental con talento político para respetar y hacer respetar la ley contra la secesión insidiosa, que tendrá efectos inmediatos de carácter extraordinariamente negativo para Cataluña, en particular, y España, en su conjunto.
Autor: Christopher Oscar de Andrés.
Asistimos a una paradoja de película futurista madmaxiana con final funesto, que no parece alarmarnos en grado suficiente a la sociedad española, al sufrir esta crisis de gobernanza de la democracia representativa nuestro propio país. Presenciamos, a la vez, la emergencia de voces de nacionalismos de distinta índole en varios Estados de la UE que llevaron a Europa entera a las catástrofes de la primera mitad del siglo 20. Por ello, en palabras de González, “escuchamos que la democracia está por encima de la ley, no garantizada por la ley”.
En vísperas de este Referéndum critico y radicalizado, evaluando las reglas de funcionamiento de gobernanza paneuropea, España -como cualquier democracia del mundo- se constituye en un Estado de Derecho, que cuenta con unos instrumentos y leyes para cumplirlas y hacerlas cumplir. Por tanto, es viable defender un cambio constitucional y estatutario, siempre siguiendo los procedimientos establecidos para ejecutarlo. Siendo un error crónico y nada táctico, tratar de inyectarlo en las neuronas de cada ciudadano con un perfil receptivo de la sociedad catalana, desconociendo y violentando las normas hasta llegar a un Coup d'état virtual del Gobierno Central.
Como una de las consecuencias de esta acción belicosa, las autoridades catalanas han ensayado reiteradamente el hacernos creer que una eventual secesión de Cataluña no implicaría una salida automática de ese territorio de la Unión Europea. Ante esto, recordemos que “la Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados”. Además, el Derecho de la Unión exige que los Estados respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado en Bruselas el pasado 14.09.2017 que, sobre el desafío independentista catalán, el Ejecutivo comunitario se atendrá a lo que digan las Cortes españolas y el Tribunal Constitucional. "Yo sigo la línea de la Comisión Prodi y Barroso. La Comisión Europea siempre ha pensado que debemos escuchar atentamente lo que dicen el Tribunal Constitucional y las Cortes españolas. Me reafirmo en esa posición", ha dicho en una entrevista con los medios europeos más representativos.
Finalmente, dado que no existe soporte legal y/o racional alguno para lo que fomentan las autoridades de Cataluña: ni en el ordenamiento jurídico interno; ni en el de la Unión Europea; ni en el derecho internacional, antes de que se genere una fractura democrática en el engranaje geopolítico español y una expulsión de Cataluña de la Unión Europea, es oportuno rememorar el grito desolador de Miguel de Unamuno, un maestro de las letras español al declarar “Me duele España” y recordar a los defensores del 1-0 que se hace prioritario recuperar la coherencia legal y sanidad mental con talento político para respetar y hacer respetar la ley contra la secesión insidiosa, que tendrá efectos inmediatos de carácter extraordinariamente negativo para Cataluña, en particular, y España, en su conjunto.
Autor: Christopher Oscar de Andrés.